La reforma judicial mexicana provoca la salida de la CONATRIB de una organización internacional

La Unión Internacional de Magistrados decidió expulsar a la delegación que representa a los tribunales superiores de justicia de México después de cuestionar su respaldo al nuevo sistema de elección de jueces.

La Unión Internacional de Magistrados decidió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como CONATRIB, después de analizar su respaldo a la reforma judicial implementada en México. La resolución fue adoptada durante la asamblea anual de la organización.

De acuerdo con el reporte publicado el 20 de octubre, la votación registró 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones. La organización agrupa a asociaciones judiciales de distintos países y sostiene que la independencia de los jueces es un principio fundamental.

El desacuerdo está relacionado con el modelo mexicano, que contempla la elección popular de jueces y magistrados. Para los críticos internacionales, reemplazar a parte de la judicatura mediante votaciones puede generar dudas sobre la autonomía judicial, especialmente cuando los cambios afectan a funcionarios que ya ocupaban cargos.

Rafael Guerra, presidente de la CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, había defendido públicamente la reforma. Durante la asamblea, argumentó que el poder judicial debía responder a las transformaciones sociales del país, aunque sus explicaciones no convencieron a la mayoría de los representantes.

La Unión Internacional de Magistrados había expresado reservas sobre la reforma desde 2024 y había pedido reconsiderar algunos de sus elementos. La entidad sostiene que los cambios deberían permitir renovar los cargos de manera gradual sin desplazar de forma generalizada a quienes ingresaron mediante el sistema anterior.

La expulsión también abre la posibilidad de que otra organización mexicana solicite representar al país dentro de la UIM. La asociación JUFED, integrada por jueces de carrera, aparece como una posible aspirante, aunque su eventual incorporación dependerá de los procedimientos internos de la organización internacional.

La decisión no modifica por sí sola la legislación mexicana ni revoca la reforma judicial vigente. Sin embargo, representa un pronunciamiento institucional que podría influir en la discusión internacional sobre el modelo mexicano, mientras sus defensores insisten en que la elección popular puede fortalecer la legitimidad democrática de los tribunales.